lunes, 23 de enero de 2017

Denegada la residencia por estar condenado por violencia de género

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Andalucía ha ratificado la negativa de la Administración de denegar el permiso de residencia de larga duración a un ciudadano extranjero por contar con antecedentes penales no cancelados por dos delitos de violencia de género. Así lo determina en una sentencia de 19 de diciembre de 2016. 
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La resolución de Instancia había admitido el recurso presentado por el solicitante contra la decisión de la Subdelegación del Gobierno de Granada de rechazar el permiso. El juzgado argumentó que no existía grave peligro para la sociedad y el orden público a la vista de que se trataba de penas leves inferiores a un año, la última correspondía a 2012, no había nuevos antecedentes y, además, valoraba que el ciudadano afectado es padre de un menor que vive en España.

Naturaleza pública

La ponente del fallo del TSJ, la magistrada Montalbán Huertas, en cambio, sí considera que existen "motivos de orden público o seguridad pública" que justifican la negativa, tal y como establece la Directiva 2003/109/CE, relativa al Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.
Razona que, de acuerdo con la normativa y la jurisprudencia comunitaria y española, la existencia de antecedentes penales no determina automáticamente la denegación de la autorización de la residencia.
Estos antecedentes deben ser por delitos graves es decir, que afecten a un interés fundamental de la sociedad o que puedan causar un riesgo o peligro para la paz social y la tranquilidad pública.
La legislación española contra la violencia de género, asevera Montalbán Huertas, ha configurado "claramente" las conductas punibles en el ámbito de la pareja como delitos de naturaleza pública, no privada, y, por lo tanto, perseguibles de oficio.
Así continúa, estas conductas afectan a la seguridad pública en tanto que "suponen una amenaza o un atentado grave a un interés fundamental de la sociedad" como es la protección de la dignidad e integridad física y moral de las personas que la integran, en este caso, las mujeres vinculadas por matrimonio o relación análoga de afectividad".
Por último, la sentencia rechaza, como alegó el recurrente, que sea relevante que, en la actualidad, abone su pensión alimenticia a otro hijo, pues ello solo manifiesta que cumple con sus obligaciones legales.
"Los delitos contra la violencia de género son delitos graves que afectan a los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, afectan negativamente a la seguridad jurídica", concluye el TSJ, estimando el recurso de apelación y confirmando la denegación del permiso de residencia.

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